Crítico documento sobre aborto y violencia de género

 

Lo divulgó el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Al organismo internacional le preocupa que no se reglamente la ley contra la violencia de género, sancionada el año pasado. Y que esté sujeta a interpretación la legislación sobre aborto no punible.

 

Por: Carlos Galván

 

En un crítico documento en el que desglosa los que considera sus "principales motivos de preocupación" en la Argentina, el Comité de Derechos Humanos de la ONU reclamó que se reglamente de una buena vez la ley de violencia de género, norma que fue sancionada por el Congreso en marzo del año pasado pero que sigue sin ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. El Comité fue más allá de ese simple demanda: también solicitó que una vez reglamentada la ley goce de "una dotación presupuestaria que permita su aplicación efectiva en todo el territorio del país".

Otra preocupación del Comité fue que sean "accesibles en cualquier parte del territorio nacional" las Oficinas de Violencia Doméstica como la que depende de la Corte Suprema de Justicia y funciona en la Ciudad. El Comité de Derechos Humanos también hizo foco en una cuestión bastante más sensible: pidió que se modifique la legislación argentina para que las mujeres "no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas".

La legisladora Vilma Ibarra, presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, consideró que los del Comité eran "aportes importantes". Y específicamente se refirió a la ley de violencia de género: "La verdad es que se está demorando su reglamentación y esta es una culpa que le cabe sólo al Ejecutivo". Esta ley se propone prevenir la violencia contra las mujeres desde la escuela y fija los ámbitos en los que se ejerce la violencia de género: doméstico, laboral, institucional, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.

Según versiones, la ley de violencia contra las mujeres sería reglamentada el mes que viene. Ahí, entonces, se cumpliría con la demanda del Comité de las Naciones Unidas. Pero al parecer ese cumplimiento sería a medias: "Se dice que el presupuesto que se dispondría para la normativa será bajo y que no alcanzará para hacer que se aplique la ley en toda su magnitud", dijo Fabián Tuñez, coordinadora ejecutiva de la asociación Casa del Encuentro.

El del dinero parece ser un tema clave. Sucede que en el Presupuesto 2010 no se votaron fondos para la aplicación de la ley de violencia de género. De acuerdo a la diputada Ibarra, el tema del presupuesto debería ser tema este año de debate parlamentario.

En el siguiente punto el Comité celebró que se haya creado "la Oficina de Violencia Doméstica con el fin de prestar asistencia a víctimas de maltrato familiar". Pero mostró su preocupación porque su ámbito de competencia se limita sólo a la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, demandó que haya oficinas similares en el resto del país y que "la asistencia jurídica en los casos de violencia doméstica que llegan a los tribunales esté garantizada".

En la Oficina de Violencia Doméstica aclararon que ya existe una dependencia similar en la provincia de Tucumán y que pronto se abrirán oficinas similares en la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Santiago del Estero. El resto del país deberá seguir esperando.

En el punto 13 de su informe el Comité expresó su "preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo". El artículo 86 sostiene que un aborto practicado por un médico no es punible cuando se lo practica para "evitar un peligro para la vida o la salud de la madre" y "si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".

"Lo que hizo el Comité es un llamado de atención porque hay dificultades para la aplicación de este artículo. Siempre aparecen otras voces que cuestionan y tratan de impedir un aborto" (permitido por la legislación), sostuvo Elsa Schvartzman, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

"El Estado -dice el documento- debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas". Se estima que en la Argentina se hace casi medio millón de abortos por año.

 

 

OPINIÓN

Hay que concientizar sobre los derechos

 

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En la Argentina todavía no hay una conciencia clara sobre el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como humanos, incluido el derecho de las mujeres a no morir por la interrupción del embarazo.

El Código Penal, sancionado en 1922, reconoce excepciones por las cuales la interrupción del embarazo está permitida: cuando hay riesgo para la vida y la salud de las mujeres y cuando hubo una violación. Pero una modificación de 1984 permitió que se interprete que el aborto autorizado en casos de violación sea sólo para mujer con discapacidad mental. Por esto, algunos jueces hacen interpretaciones muy restrictivas. Y no permiten que las mujeres violadas, sin discapacidad mental, puedan acceder al aborto. Es urgente que el Congreso clarifique la situación.

Hay malformaciones congénitas que se pueden detectar tempranamente durante el embarazo. Las mujeres con un diagnóstico temprano de estas malformaciones podrían decidir la interrupción del embarazo.

También hay una responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, que debería explicar a los profesionales de la salud que deben atender los pedidos de abortos no punibles en los hospitales públicos y no necesitan consultar a los jueces.

Un caso que debe ayudar a eliminar esta resistencia es el juicio que se está desarrollando en Santa Fe por la muerte de la joven Ana María Acevedo. Esta mujer de 20 años estaba embarazada y sufría cáncer. El embarazo ponía en riesgo su vida, pero los médicos le negaron el derecho al aborto no punible estipulado en el artículo 86 del Código Penal.

Mabel Bianco
directora de feim

 

Fuente: Diario «Clarín», Sección “Sociedad”, 20 de abril de 2010.

             

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