La obligación de vacunarse

La Corte Suprema obligó a una familia a vacunar a su hijo porque, de no hacerlo, se pondría en riesgo la salud de la comunidad

No es la primera vez que, a través de los medios de comunicación, la opinión pública argentina se entera de que hay niños que no han recibido las vacunas obligatorias que integran el Calendario Nacional de Vacunación, porque sus padres se oponen a ello. El último caso es el de un chico nacido en 2009, cuyos padres han sido obligados a vacunarlo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de que, de no hacerlo, pondrían "en riesgo la salud de toda la comunidad".

Este fallo es de suma importancia porque viene a poner fin a una situación que databa de 2010, cuando los padres del niño habían apelado una decisión en el mismo sentido dictada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que obligaba a aplicar las dosis "bajo apercibimiento de proceder a la vacunación en forma compulsiva y sin perjuicio de usar la fuerza pública".

Conviene repasar aquí las razones que argüían los padres del niño para justificar la no vacunación de éste: según ellos, como eran seguidores de la medicina homeopática y ayurveda, vacunar a sus hijos -la pareja tiene otros niños mayores, que tampoco habían sido vacunados en el momento del fallo del tribunal superior provincial- iba contra las creencias familiares y contradecía el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las acciones privadas que no ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados.

Precisamente en este último argumento basó la Corte su fallo, porque la no vacunación "afecta los intereses de terceros, en tanto pone en riesgo la salud de toda la comunidad y compromete la eficacia del régimen de vacunaciones oficial, por lo que no puede considerarse como una de las acciones privadas del artículo 19".

Esto no ocurre sólo en la Argentina. Ejemplos recientes en España, y también en Francia, han alertado a las autoridades de la Comunidad Europea sobre la reaparición de enfermedades casi erradicadas en el cambio de siglo, como el sarampión o la rubeola.

Una de las causas es, precisamente, el descenso de la cobertura dada por las vacunas, a las que se oponen grupos de padres que no pertenecen siempre, como sucede, a grupos marginales o excluidos socialmente, sino a familias con formación incluso universitaria, que adhieren a estilos de vida naturalistas y que rechazan los productos de la industria farmacéutica.

En países como el Reino Unido, estos padres han tenido un gran impacto en la salud pública; en España, a estos grupos se les agrega también la población adulta de 25 a 40 años, que, como creció cuando no existía la vacunación universal y no enfermó durante la infancia, no quiere ser vacunada.

Además del retraso importante que en la eliminación de enfermedades causa este rechazo a la vacunación, lo que estos casos confirman es que ser ciudadano y pertenecer a una comunidad no sólo da derechos que deben ser respetados, sino que también implica deberes para con los otros miembros.

Sería de desear que tanto las familias como el Estado nacional, los estados provinciales y los municipales, además de hacer cumplir como corresponde con el Calendario Nacional de Vacunación, inculquen mediante la educación, a través de la escuela y para todos, no sólo la noción de prevención de la salud, sino la de bien común, que tanto nos cuesta recuperar como sociedad a los argentinos en estos temas..

Fuente: Diario La Nación, sección Opinión, 25 de junio de 2012.

 

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