Código Civil, con mirada amplia en salud mental

POR ALFREDO KRAUT DOCENTE Y AUTOR DE OBRAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y SALUD MENTAL

El proyecto de reforma del Código Civil y Comercial que se discute hoy en el Congreso regula el tema de la salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos, muy poco contemplada hasta ahora.

Decíamos en esta misma sección, ya en 2001, que existen “pacientes sin derechos”; en 2003, que “el paciente es antes ciudadano” y en 2004, que los “pacientes mentales (permanecían) en el olvido”. Señalábamos que el Estado de derecho debía abocarse a estas personas,ya que el trato a los marginados y el respeto de los derechos de las minorías son la piedra de toque de una democracia.

A más de una década y pese a la progresista normativa vigente, muy poco ha cambiado.

El proyecto de reforma del Código Civil y Comercial (PCCyC), elaborado por una Comisión de Reformas integrada por los juristas Lorenzetti, Highton y Kemelmajer de Carlucci (2012), regula el tema desde la perspectiva de derechos humanos tanto en materia de salud mental como de capacidad jurídica.

Este PCCyC concibe a las personas desde sus capacidades y no desde sus falencias, presumiéndolas capaces aun cuando se hallen internadas, dando fin al modelo vigente de “capacidad plena o incapacidad absoluta” cuestionado por el sistema universal de derechos humanos. La Reforma enfatiza la excepcionalidad de las limitaciones a la capacidad, sólo viables en beneficio de las personas, cuando su ejercicio pleno pueda generar un daño para sí o sus bienes (art. 32), o cuando se encontrase absolutamente imposibilitada para decidir (persona por nacer o en estado vegetativo, por ejemplo). Sólo entonces se podrá sustituir la voluntad y designar un curador.

La persona con capacidad restringida sigue protagonizando su propia vida con “apoyo” para la decisión de actos jurídicos.

Importantísima innovación en armonía con la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. (CDPD-UN, 2006).

El actual sistema de salud mental es sustancialmente modificado. El tema no es menor, más aún, si se tiene en cuenta que, con frecuencia, muchas de estas personas viven en condiciones deplorables debido a la existencia de barreras que obstruyen su integración y plena participación en la comunidad, aquellas “manicomializadas”. El Proyecto apunta a cambiar el modelo basado en grandes centros asistenciales, -manicomios y asilos-, pero sin que las personas internadas sean externadas arbitrariamente y terminen en situación de calle .

A su vez, el PCCYC fija recaudos a considerar tanto por los profesionales de la salud como por el sistema judicial. Legisla en clave con los derechos humanos y libertades fundamentales de raigambre constitucional y reconoce otros derechos humanos de gran importancia tutelar, que se articulan con la legislación especial a la que remite la Reforma (CDPD, LSM y Principios de Salud Mental, UN, 1991) y con la normativa supranacional e internacional concerniente.

Este modelo es único en el mundo.

Las personas con discapacidad mental serán titulares de derechos fundamentales genéricos y derivados: 1) el derecho a una internación, cuando resulta imperioso aislarla en su beneficio; 2) el derecho a la internación no voluntaria entendida como recurso terapéutico dispuesto ante una “ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento” (art. 41 Reforma en concordancia con la ley 26.657, art. 20, punto b); 3) la internación involuntaria se independiza de la capacidad (sea ésta plena, restringida o aun inexistente) a tenor de lo establecido por la CDPD. Esta adecuada regulación del tema pone fin a debates doctrinarios y jurisprudenciales que intentaban vincular una indicación de internación con el examen de la capacidad.

La reivindicación de criterios interdisciplinarios para la internación y para las altas o salidas a prueba (art. 41 a, CDPD) termina con una histórica supremacía del modelo psiquiátrico respecto del jurídico (arts. 37 y 41, CDPD).

Finalmente, se concretó una antigua prédica: el abandono de históricas hegemonías de los médicos forenses respecto del sistema judicial -verdaderos decisores, en ciertos casos- y lacompatibilización de los modelos psiquiátrico-psicológico y jurídico.

Se propone además que ninguna internación forzosa puede carecer de fundamentos científicos ni de otros motivos que también refuerzan y justifican -o no- la decisión de privar a alguien de su autonomía por razones de salud (como falta total de relaciones sociales o pérdida de la vivienda) y siempre que no exista otra alternativa disponible que restrinja menos su libertad (art. 41, a). El recaudo anterior se relaciona con otras causales que también pueden justificar una internación: riesgo cierto de que una persona, por sus afecciones, pueda causarse un daño de entidad o a terceros. El art. 41, pone fin a la histórica judicialización impuesta: ahora el juez sólo “aprueba” la internación, no la decide(inc. e).

Una importante innovación obliga al sistema judicial a garantizar el debido proceso -ya no se puede internar a alguien con una mera decisión administrativa basada en un simple informe médico-, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica (art. 41, d).

El deber de control termina con los encierros “sine die”,imponiendo a la sentencia que aprueba la internación especificar con claridad su finalidad, duración y periodicidad de la revisión (art. 41, e, sin perjuicio del mencionado deber de control judicial).

En nuestro país, los pacientes discapacitados mentales –en especial si son pobres- no logran efectivizar sus derechos.

Los marginados resultan afectados por una disminución de su condición humana respecto de sectores más afortunados: no rigen para ellos principios de justicia, igualdad, fraternidad, solidaridad y acceso a servicios. Los sufrientes mentales pobres son el estamento social inferior ubicados al margen del sistema legal.

Ya es hora de derribar esta ominosa discriminación fundada en la errónea idea de peligrosidad asociada al enfermo mental.

Fuente: Diario Clarín, sección Opinión, 11 de octubre de 2012.

 

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