Las ONG celebran, pero esperan que se cumpla en las provincias

POR MARIANA IGLESIAS

Dicen que es un paso histórico, y que su aplicación recae en los gobiernos locales.

Luego de que la Corte Suprema interpretara el Código Penal diciendo que no es punible la interrupción del embarazo producto de toda violación, especialistas y organizaciones no gubernamentales salieron a aplaudir el fallo. Pero también alzaron sus voces de alerta: la sentencia no tiene un efecto mágico . La responsabilidad de que sea efectiva está en los poderes ejecutivos. Cada provincia debe garantizar el pedido de interrupción del embarazo que cada mujer violada solicite.

“La Corte interpretó muy bien el artículo 86 del Código Penal, detallando cuáles son las cuatro causales de aborto no punible. Pero también dice que para que sea práctico deben aprobarse y ejecutarse normas y protocolos de atención. Es un paso muy importante dentro de lo que la Corte Suprema podía hacer.

Es el único Poder del Estado que se animó a hablar . El Ejecutivo y el Legislativo hacen silencio. Ni diputados ni senadores lo trataron en recinto. Por eso, este fallo tiene una enorme trascendencia institucional y política”, dijo a Clarín Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

“La sentencia de por sí no cambia las conductas. Son los ministerios de salud provinciales los que deben tomar las medidas para que la sentencia sea efectiva. Esto es central.

La Corte no habla de multas a hospitales que no cumplan, sino que está transfiriendo la responsabilidad . Deben aprobarse protocolos y aplicarse. Si esto no ocurre será la sociedad civil la que impulse las acciones para que sí ocurra”, agrega Gherardi.

Por su parte, Estela Díaz, secretaria de igualdad de género y oportunidades de la CTA, opina que el fallo de la Corte trata de despejar los obstáculos. “No hacen falta denuncias policiales ni judiciales. Es más, pide que no se judicialicen estos casos. Señala cómo interpretar el Código Penal, atendiendo a los tratados internacionales. Y también pide medidas para que se garantice este derecho. En cada hospital debe haber un médico que lo haga. Para eso, debe haber resoluciones ministeriales que aprueben los protocolos ”.

Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), estaba exultante: “Basta de heroínas. La mujer no debe inmolarse por un embarazo traumático producto de una violación. Así, celebramos este fallo, porque reconoce el espíritu original del Artículo 86, y lo actualiza con los nuevos tratados de derechos humanos. Sostiene que el Estado es el que tiene la obligación de dar la atención integral a la víctima. Y esto es importante porque una mujer violada no sólo necesita interrumpir su embarazo sino que necesita contención a largo plazo . El fallo no cambia la ley sino que la clarifica. No obliga a practicarse un aborto a nadie que no quiera. Tranquiliza a los médicos en cuanto a que no van a ser sometidos a ningún juicio. Y le pasa la responsabilidad a los ministerios de salud de la nación y provincias a que garanticen este derecho en sus servicios. Es decir, despenaliza a las mujeres y a los médicos . Y otra cosa muy importante: si el aborto es legal en un hospital público se puede pedir el ADN del agresor y así se le puede hacer juicio con pruebas”. También se pronunciaron en favor la Asociación por los Derechos Civiles, el Movimiento Libres del Sur y las legisladoras Victoria Donda, María Rachid y María Luisa Storani, entre otras voces.

No es necesario realizar una denuncia. Sólo una declaración jurada en el hospital. Y que un médico aplique el protocolo de interrupción del embarazo. Así de simple. Y así de complicado: ya se redactaron tres protocolos sobre el tema y ninguno llegó a nada. El Poder Judicial se pronunció. Faltan los otros poderes. El fallo de la Corte no quita el otro gran debate pendiente: la legalización del aborto.

Diario Clarín, sección Sociedad, 14 de marzo de 2012.

 

                                                adnlinea.gif (9163 bytes)