Profesiones liberales.

Psicoanalista: mala praxis; adelanto de honorarios; agravio a la ética profesional; sumas recibidas; restitución; pesificación; improcedencia; doctrina del esfuerzo compartido; inaplicabilidad. Daño moral: resarcimiento: admisibilidad.

 

1-     Toda relación económica o comercial entre el psicoanalista y el paciente constituye un acto contrario a la ética profesional, pues entre ellos existe una relación asimétrica, fundada especialmente en la influencia que el primero tiene sobre la psiquis, el ánimo o la voluntad del segundo, que lo coloca casi en una relación de dependencia.

2-     Si bien un adelanto de honorarios por un término breve no constituye un agravio a la ética profesional, un adelanto de varios años de sesiones psicoanalíticas por una suma considerable de dólares —como el que se pretende justificar en la causa— no sólo implica una relación comercial o contractual entre médico y paciente éticamente vedada, sino también una verdadera privación ilegítima de la libertad en el ámbito  de los derechos personalísimos, en tanto se priva al enfermo de su inalienable  derecho a interrumpir el tratamiento o acudir a otro profesional.

3-     Un adelanto de varios años de sesiones psicoanalíticas  por una suma considerable de dólares — como el que se pretende justificar en la causa— constituye, además, de una falta ética  muy grave, un acto contrario a la moral y las buenas costumbres en los términos del art. 953 del CC. Por lo cual, si bien en el caso el principio de congruencia hace innecesaria la declaración de nulidad de dicho presunto adelanto, ya que ella no fue pedida explícitamente, el hecho de que se condene al terapeuta  accionado a restituir las sumas recibidas de la actora significa, ni más ni menos, que el acto que dio lugar a la entrega de ese dinero es nulo como si no tuviera objeto, según la norma del artículo citado.

4-     El hecho de que el documento acompañado por la actora en el cual el terapeuta accionado reconoce deberle a ella o a su hijo la suma de dinero cuya restitución  se reclama en autos, no cumpla con  los requisitos del art. 772 del CC —mención de la causa de la obligación y de la fecha en que la misma fue contraída— no afecta la validez de tal reconocimiento  de deuda, sino tan sólo su eficacia probatoria, pues en la materia rige el principio de la libertad de formas. Máxime que tal documento ha sido redactado de puño y letra, en su papel membrete, y firmado por el demandado, por lo cual, no puede ahora éste pretender beneficiarse  con sus propias omisiones, ya que ello significaría invocar su propia torpeza, ni tanto menos alegar que las sumas reclamadas le han sido  dadas en virtud de un inconcebible  y éticamente reprobable adelanto de honorarios.

5-     Habiendo quedado acreditado que el terapeuta accionado mantuvo una relación comercial con su paciente, contrariando los dictados  de la ética profesional como a la moral y buenas costumbres que informan el orden jurídico general, cabe concluir  que no puede beneficiarse con el reajuste de la prestación a su cargo por aplicación de la doctrina del esfuerzo compartido. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la normativa pesificadora, por afectar el derecho el derecho de la propiedad de la demandante y condenar al demandado, por su culpa o mora, a restituir las sumas recibidas por la actora en la moneda de origen.

6-     Cabe hacer lugar al resarcimiento de daño moral solicitado por la actora, pues la angustia e incertidumbre generada en ella en torno a una eventual imposibilidad de recuperar la importante suma de dinero entregada al demandado, especialmente por la reticencia y el renuedo con que éste defendió el reclamo mediante una rebuscada interpretación de un reconocimiento de deuda que él mismo había redactado de su puño y letra, debe ser necesariamente indemnizada. Máxime teniendo presente la especial naturaleza de la relación psicoanalista-paciente —habida entre las partes— y su notoria asimetría, fundada especialmente en la influencia que el primero tiene sobre la psiquis, el ánimo o la voluntad del segundo, que lo coloca casi en una relación de dependencia. R.C.

 

54.671 – CN Civ., sala G, agosto 28-2006.- C., N.Z.c.s., M. s/cobro de sumas de dinero.

FUENTE: REVISTA «EL DERECHO», 18 de mayo de 2007. pág. 5

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