EL DERECHO A LA SALUD: ENCRUCIJADA BIOETICA Y JURIDICA

 

                  Por EDUARDO LUIS TINANT

 

      Desde la óptica de la filosofía de los derechos hu­manos y los principios bioéticos, como señala Pedro Fede­rico Hooft ("Bioética y derechos humanos. Temas y ca­sos"), el reconocimiento de la salud es una precondición o valor instrumental necesario para la posible realiza­ción de otros valores y el ejercicio de otros derechos de raigambre constitucional.

      De tal modo en nuestro tiempo el derecho a la salud constituye -además de un puente entre la bioética y el derecho- una encrucijada en el seno de cada uno de ellos.

      La tétrada de principios bioéticos -no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia- da cuenta de una de tales confluencias. Lo propio acontece en la esfera jurí­dica con los derechos constitucional y administrativo, penal, civil y comercial y laboral.

      Eje por antonomasia de la relación médico-paciente, en particular desde los albores de la bioética (cuando la autodeterminación racional y libre del paciente con el principio de autonomía como cartabón moral sustituye en buena medida la secular versión paternalista de la ética médica en la que predominaban los principios de no male­ficencia y beneficencia), el derecho a la salud hoy en día se vincula cada vez m s con el sistema de macro y mi­cro asignación de recursos en la atención médica replan­teando ante la marcada economización de la medicina la cuestión de la justicia distributiva en la política sani­taria. En cualquier caso -como destaca José Alberto Mai­netti ("Bioética sistemática")- la justificación del de­recho a la salud mediante el principio de justicia es otra conquista de la bioética.

      En reciente nota a fallo ("¨Inactividad material ad­ministrativa o abandono de persona?. ¨O un 'tertius ge­nus': abandono de deber?", publicada en Jurisprudencia Argentina, suplemento especial Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 28-III-01) hemos tenido oportunidad de abordar esta concepción social del derecho a la salud -recogida expresamente por la reforma consti­tucional de 1994-, que lo caracteriza como un derecho de naturaleza prestacional y otorga por ende la facultad de reclamar determinadas prestaciones sanitarias de parte del Estado cuando éste se hubiera comprometido a ello. En otros términos, la protección del derecho a la salud es una obligación impostergable del Estado y por tanto de inversión prioritaria, cometido que incluye la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y farmacológica en el supuesto de enfermedad.

      En el caso -resuelto por el máximo Tribunal de la Nación en favor de la amparista madre de un niño de corta edad afectado por una neutropenia congénita severa y en el que un organismo administrativo nacional tras asistir al menor con la medicación especial requerida decidió in­terrumpir el suministro aduciendo que no tenía la obliga­ción de proveer aquélla y que su entrega había obedecido a razones exclusivamente humanitarias- quedó evidenciado cómo determinados comportamientos de los funcionarios en­cargados de efectivizar la justa distribución de los re­cursos sanitarios de conformidad a las normas constitu­cionales y legales, aun con tales pretextos, pueden dejar en estado de desamparo asistencial a una persona incapaz de valerse, transitando así por la sutil frontera que se­para -y en la que también se cruzan- los  ámbitos adminis­trativo y penal.

      Los estudios y avances tecnológicos en materia gen‚­tica -en particular los que se deriven del Proyecto Ge­noma Humano-, amén del impacto social y de la nueva rama de la medicina que han generado (medicina predictiva como una forma de medicina desiderativa, junto a las tradicio­nales medicina preventiva y medicina curativa), tendrán como epicentro el derecho a la salud cuando asomen las cuestiones ‚ticas y jurídicas que susciten las prediccio­nes de riesgo genético. ste, como indica Marie-Louise Briard ("Le risque g‚n‚tique", en Journal International de Bioéthique, vol. 11)), es la probabilidad que tiene una persona de trasmitir a su descendencia o de haber he­redado de uno o de ambos padres una característica gen‚­tica que puede ser el origen de una enfermedad, con al­cance individual, familiar y aun colectivo (grupal o po­blacional).

      No resulta difícil imaginarse la incidencia del tema en materia de seguros de riesgo de trabajo y seguros de salud en general y por tanto la necesidad de echar mano asimismo a las restantes disciplinas jurídicas -civil, comercial y laboral- a la hora de legislar y de resolver en justicia tales cuestiones.

      Encrucijada (de cruz, del latín "crucem") significa punto o lugar donde confluyen actitudes o ideas divergen­tes, pero también situación crucial en la evolución de un asunto. Acepción ésta que -a la par de preferir- augura­mos para la próxima década en la consideración bioética y jurídica del derecho humano a la salud.

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La Plata. abril 2001.

 

 

                                          EDUARDO LUIS TINANT

 

 

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