Palabras Introductorias:

UN IMPORTANTE APORTE AL RECONOCIMIENTO DE LA AUTONOMIA PERSONAL A TRAVES DE LAS DENOMINADAS "DIRECTIVAS ANTICIPADAS” “LIVING WILL” O “ACTOS DE AUTOPROTECCION”.

Una de las más destacadas pioneras en el ámbito del notariado argentino en un tema bioético y jurídico tan relevante como es el de las llamadas “directivas anticipadas”, “living will”, “actos de autoprotección” o denominaciones similares utilizadas tanto en la bibliografía bioética como jurídico-constitucional sobre el tema como lo es la notario Nelly Alicia Taiana de Brandi, nos ofrece hoy para la página web de la Asociación argentina de Bioética una visión actualizada sobre la cuestión, que incluye referencias referidas a las novedades producidas en la materia a nivel legislativo argentino, tanto nacional como de las diversas provincias, que conforme al sistema a federal de gobierno, gozan de competencias concurrentes con el gobierno nacional en sus respectivas jurisdicciones.

La escribana Taiana de Brandi, además de la amplia bibliografía con la que ilustra este nuevo aporte con su artículo, cabe añadir el comentario exhaustivo que la nombrada efectuara a la primera sentencia judicial, dictada por quien suscribe esta introducción, en el carácter de juez en el caso “M”. La decisión judicial, que reconociera la validez jurídica –constitucional de “directivas anticipadas” formulado por una persona afectada de una esclerosis lateral amiotrófica, con pleno discernimiento expresó claramente su voluntad en cuanto a su oposición a eventuales tratamientos invasivos que por otra parte en modo alguno podrían modificar positivamente su enfermedad de base, irreversible en el actual estado de la ciencia, aún cuando aceptaba expresamente todos los cuidados de enfermería, y terapia farmacológica con la sola exclusión de intervenciones que consideraba invasivas y atentatorias a su dignidad y autonomía personal.

Este fallo fue comentado (entre otros muchos doctrinarios) por la escribana Taiana de Brandi en la revista jurídica La Ley Buenos Aires año 12 número 9 de octubre de 2005 bajo el título “el reconocimiento del derecho de autoprotección en una disposición anticipada de salud”.

El trabajo que ahora se pone a disposición de los lectores de la página está redactado en un lenguaje claro y preciso, y accesible a toda persona, que participa de su “ciudadanía social”, interesada en las cuestiones profundas que hacen a la dignidad de la vida y al derecho a morir en paz, en palabras, esto último del reconocido bioeticista Frances Abel i Fabri S.J., fundador del prestigioso Instituto Borja de Bioética, pionero en su tipo en el continente europeo.

Pedro Federico Hooft.

El Derecho de Autoprotección. Sigamos asomándonos al mundo

“No basta dar pasos que un día puedan conducir a la meta, sino que

cada paso ha de ser una meta sin dejar de ser un paso “

JOHANN PETER ECKERMANN

El acortamiento de tiempos y espacios en la era de la globalización dan respuesta a aquella reiterada pregunta de mis años de estudiante universitaria a la que le resultaba ininteligible la utilidad de la inclusión de dos títulos en los programas de estudio: el uno “tratamiento del instituto en el derecho comparado”, el otro “su naturaleza jurídica”. Hube de trabajar mucho en “mi aldea” para entender y justificar la razón de aquella, para mi, sinrazón de mi adolescencia y ello ocurrió en la medida en que fui descubriendo cómo se enriquece cada idea con la posibilidad de compartir, confrontar y seleccionar experiencias, cómo facilita avances y logros la posibilidad de discurrir a partir de coincidencias mínimas en lo basal, cómo se evitan frustraciones y la reiteración de errores, se mejoran propuestas, se potencian recursos y esfuerzos, se capitalizan tropiezos, se alimentan las expectativas, se aligeran las marchas y se facilitan logros. La posibilidad de la mutua entrega generosa, no solo enriqueció recíprocamente nuestros conocimientos, sino que los hizo más útiles y, en lo personal, me enseñó el valor de conjugar el “nosotros” en reemplazo del “yo”.

A su vez, el derecho que nos ocupa reclama más que otros la eficacia internacional que preocupa al colega uruguayo Rubén Santos Balandro “hay que pensar rápidamente en soluciones legales porque las personas hoy día tienen una capacidad de movilización internacional como nunca la han tenido en el pasado, incluso los adultos mayores ... lo que engendra el problema de la ley aplicable a estos documentos y de su eficacia internacional”

Todos estos pensamientos vienen a mi al evocar esos días en los que intenté conocer, vía postal, merced a una tarea artesanal y muy esforzada, qué hacían en otros países, algunos muy distantes en el espacio y en su idiosincrasia, las personas que deseaban proyectar su futuro, su vida, probablemente mas extensa temporalmente merced a los avances científicos y técnicos, pero no siempre acompañada del pleno ejercicio de la autonomía.

Su denominación

En ese entonces, ni siquiera estábamos seguros del nombre que nos permitiría distinguir de otros este derecho. Vivenciábamos, sentíamos su existencia emanada del simple ser de la persona viva, anterior a su expresión en una norma positiva, pero, nos preguntábamos inquietos, cómo llamarlo, cómo hablar de él con los demás, con los colegas, con los que no lo eran, con los genuinos titulares de ese derecho, en nuestro medio y fuera de él, en el país y en el extranjero. Buceábamos por aprehender contenidos conscientes de su vinculación con otras disciplinas y nos abocamos, responsables de nuestra calidad de operadores del derecho, a encontrar las “formas” receptoras de aquellos.

Con Luis Rogelio Llorens acordamos que estábamos frente a “disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad” y así lo escribimos en 1996. En el prólogo a nuestro libro Eduardo A. Zannoni indaga en su naturaleza jurídica y analiza la “voluntad unilateral...con carácter vinculante...” en beneficio propio .

Llegó 1998 y la VIII Jornada Notarial Iberoamericana celebrada en Veracruz, México, aprobó la denominación “Derecho de Autoprotección” propuesta por la Delegación española conducida por el colega de esa nacionalidad Juan José Rivas Martínez .

Con esta designación receptaron el instituto nuestros colegios notariales argentinos al crear los “registros de actos de autoprotección” a partir de 2004 . También parte de la doctrina y de la incipiente legislación positiva y jurisprudencia en la materia a partir del paradigmático “fallo Hoft” .

A este instituto se refiere Ricardo D. Rabinovich Berkman llamándolo, seguramente con mayor precisión terminológica, “declaración vital de voluntad”. Este autor juzga a la designación “derecho de autoprotección” “redundante y vacía” en razón que “gran parte de las soluciones jurídicas tienden a la autoprotección” , pero reconoce que él tampoco pudo encontrar la adecuada.

Su existencia y, a su vez, la dificultad de la denominación, es reconocida en las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en 2001: “Es menester garantizar a los pacientes terminales la facultad de autodeterminarse. El reconocimiento de dicho derecho conlleva la facultad de previsión de la propia incapacidad y la plena validez y eficacia de las manifestaciones de voluntad que por escrito realice dicha persona, cualquiera sea la denominación que se otorgue a tales documentos”.

Con mucha originalidad y agudeza, la notaria peruana Rosalía Mejía Rosasco propone llamar a estas disposiciones “declaraciones de la penúltima voluntad” .

La ley nacional 26.529, dictada el 21 de octubre de 2009, regula los derechos del paciente y en su art. 11 reconoce su derecho a dictar “directivas anticipadas”.

“Declaraciones de voluntad anticipada” es la designación que reciben estos actos en la ley uruguaya 18.478 del 17 de marzo de 2009, de reconocimiento restringido a la salud, en beneficio del enfermo “terminal, incurable e irreversible”. Dice el art. 1º inc. 2º toda persona tiene derecho a “expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encontrare enferma de una patología terminal, incurable e irreversible”.

Su contenido

Más allá de las distintas denominaciones todas ellas apuntan a señalar y distinguir “el derecho de toda persona capaz a disponer válida y eficazmente en lo personal y/o en lo patrimonial para el supuesto futuro y eventual, que joven o mayor, le sobrevenga una discapacidad (para los juristas) o una incompetencia (para los bioéticos) que lo prive total o parcialmente del discernimiento o le impida comunicar su voluntad, sea la carencia definitiva o temporaria”.

He intentado describir este derecho en su contenido más amplio y más comprensivo conforme el reconocimiento alcanzado en los inicios de este siglo XXI. Se trata de un hito, de un paso muy importante, en la lucha del hombre por lograr el reconocimiento y el respeto de su dignidad, su libertad y su autonomía, en tanto atributos esenciales, inherentes a la mera existencia de la persona desde su concepción hasta la muerte, más allá de diferencias, deficiencias y carencias.

Superada la arbitraria distinción bipolar de laboratorio que excluía de la categoría de persona a los incapaces, advino la necesidad de abandonar el término “incapacidad” por vacuo y reconocer en las personas discapacidades, vulne-rabilidades, fruto de carencias psíquicas que obstaculizan o dificultan el discernimiento o físicas que menoscaban la comunicación de las decisiones.

En esta afirmación se inscribe el esfuerzo de las personas por desembarazarse de paternalismos que, so pretexto de protección, pretenden decidir por ellas lo que más les conviene desde una posición autoritaria, inconsulta, impersonal y rígida.

En el campo de la medicina se produjo una modificación sustancial en la tradicional relación médico-paciente dependiente de cara a una actualización realista de los fines de la medicina y de los deberes éticos del médico. Frente a una medicina que no se agota en el “curar” sino que exige además el “alivio” y el “acompañamiento” del paciente, nace en éste el derecho a decidir respecto de su salud, sobre los tratamientos médicos a recibir, para lo que es preciso la previa información profesional, adecuada y suficiente.

No se detuvo allí el progreso y, en ejercicio de su autonomía, las personas reclaman para sí el derecho a proyectar su vida hasta el final, hasta la muerte, mientras son personas, y, en su ejercicio, disponer respecto de su salud en caso de enfermedad terminal o en la inmersión en un estado vegetativo, irreversible, incurable y/o degenerativo para el supuesto que no puedan hacerlo válidamente en un futuro eventual.

Nace así, a fines del siglo XX en los Estados Unidos de Norteamérica, el “living will” como expresión de “voluntad del cómo vivir” mal traducido “testamento vital” y el “durable power attorney for health care”.

A su vez, la prolongación natural, y aún artificial de la vida merced a los avances científicos motivó en la comunidad la necesidad de proyectar la propia vida, más allá de la salud, en otros aspectos cotidianos referidos a su bienestar moral y material -incluidas las cuestiones de salud- como así a participar en la elección de su “guardador”, su “asistente”, “tutor” o “curador” según el régimen de protección de las personas vulnerables o con discapacidad previsto por cada legislación nacional.

Hubo países en los que sus legisladores fueron sensibles a los nuevos reclamos de la comunidad y aprobaron normas en su respuesta.

A partir de 1992, en la reforma al régimen de tutelas y curatelas para mayores de edad, la legislación civil alemana reconoce el “poder de previsión de asistencia para la vejez” (altersvorsorgevollmacht) y regula la designación del propio curador o “disposición de asistencia”.

En 1994, el Código Civil de Québec, provincia de Canadá, consagró el “mandant donnè en previsión de l´ inaptitude du mandant” para producir efectos o mantenerse vigente una vez producida la discapacidad. A su vez y posteriormente las restantes provincias canadienses de habla inglesa han coincidido en el reconocimiento del “living will”.

La Comunidad Europea se pronunció en Oviedo, en noviembre de 1996, “por la protección de los derechos humanos y la dignidad de los seres humanos con respecto a la aplicación de la bioética y la medicina” y el Convenio allí celebrado influyó en la legislación nacional sanitaria de ese continente.

Cataluña es la primera comunidad española que en 1998, en su legislación foral de familia, reconoce el derecho de la persona mayor a designar su “guardador de hecho” y el “propio tutor” (en nuestra legislación denominado curador), a rechazar el desempeño de determinado tercero en ese carácter y a impartirle “directivas anticipadas”. En el año 2000, al regular su régimen sanitario, Cataluña reconoce “la validez del otorgamiento de voluntades anticipadas”.

Le siguieron, en similar sentido, paulatinamente, entre otras comunidades, Aragón en cuanto a la “autotutela” y Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja, Valencia y Castilla-La Mancha en el reconocimiento de las “voluntades anticipadas de salud”.

A nivel nacional, la ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente, reconoce la validez de las “instrucciones previas” y la ley 41/03 modificatoria del Código Civil reconoce a las personas el derecho a designar el propio tutor y a otorgar mandato subsistente a su propia incapacidad o dado para ese supuesto.

El 9 de enero de 2004 Italia dictó la Ley Nº 6 modificatoria del Código Civil e incorporó el instituto “administración de sostén” (L´amministrazione di sostegno) para la asistencia de la persona con dificultades para la autogestión. En una valoración importante del respeto a la persona y con el objeto de avanzar en la menor medida posible en su libre determinación, reconoce en el artículo 408 el derecho a la designación del administrador “por el propio interesado en previsión de su eventual futura incapacidad”

En Francia, la ley 2005-370 de fecha 22 de abril de 2005 y su decreto reglamentario 2006-119 del 6 de febrero de 2006 regulan los derechos de los enfermos terminales y el final de la vida y reconocen las “directivas anticipadas”. Igual temperamento adopta el Reino Unido al sancionar la “Ley de capacidad mental” en 2005.

Como ya lo adelantamos, en Alemania la “ley de asistencia” o de “reforma del derecho de tutela y curatela para mayores de edad”, sancionada en septiembre de 1990, vigente a partir del 1 de enero de 1992, consagró el reconocimiento del “poder de previsión de asistencia para la vejez” (altersvorsorgevollmacht) como excepción a la caducidad del mandato por incapacidad del mandante y reguló la “disposición de asistencia”. Para la validez del primer acto exige poder notarial o instrumento privado con firmas certificadas. Para el segundo consagra la libertad formal. Si bien, a partir de entonces, el “testamento vital” (patientestament) mereció reconocimiento de la doctrina mayoritaria y de la Suprema Corte de Justicia, recientemente en junio de 2009, la ley 593/09 incorpora el instituto al Código Civil.

Resulta del rápido pantallazo anterior que el avance en el reconocimiento legislativo del “acto de autoprotección” se ha dado en dos ámbitos o andariveles.

Por una parte, con mayor recepción, y más inmediatamente festejada por la comunidad, como “voluntad anticipada” en la legislación de salud destinada a regular los derechos del paciente.

Por otra parte, en un acogimiento más lento, en la legislación civil como disposición o estipulación destinada a contener previsiones de contenido personal y/o patrimonial y, entre las primeras, directivas de salud.

Toda esta última ampliación en el contenido de las previsiones anticipadas dispuestas o estipuladas en beneficio propio, contó con el decidido apoyo de los notarios latinos que supieron escuchar el nuevo reclamo expuesto por sus requirentes y bucear en la búsqueda de un instrumento apto para contenerlas.

Con otros colegas he acordado profundizar la investigación de la existencia de legislación sobre la materia en otros países y, en su caso, sus alcances, ya sea que ella se acote a las “disposiciones de salud” o, desde un enfoque más amplio, reconozca la validez del “derecho de autoprotección” en su integridad o en alguna de sus manifestaciones.

Respecto de la República de Chile lo hará el notario Ignacio Vidal Domínguez quien nos acompañó con creatividad y agudeza en el tratamiento del tema en 1998 en la VIII Jornada Notarial Iberoamericana celebrada en Veracruz, México, en la que tuve el honor de exponer su trabajo.

Respecto de la República Oriental del Uruguay he solicitado su colaboración al escribano Rubén Santos Belandro acerca de la reciente ley 18.473 publicada el 21 de abril de 2009.

Respecto de los Estados Unidos de Norteamérica y de Francia he acudido a la incansable curiosidad docente de la escribana Flora Katz .

También he comprometido la participación del doctor Emanuele Caló en un comentario respecto del “mandato de sostén” en Italia y del “testamento biológico” en la reciente ley alemana.

Todavía no tengo respuesta del notario Louis Jacques Steenackers , quien nos acompañó también en Veracruz en 1998, del que espero acceda a ilustrarnos sobre la evolución del instituto en la provincia francesa de Canadá a partir de la modificación de su Código Civil en 1990 que introdujo en su economía el “mandato en previsión de la propia incapacidad” y la posibilidad de su otorgamiento por escritura pública o en instrumento privado suscripto ante testigos, como alternativas que evitan la apertura de los otros regímenes de protección previstos por la ley. En alguna conversación mantenida con posterioridad, el nombrado comentó que, si bien existían esas dos posibilidades formales, los requirentes habían optado decididamente por la primera y por la consecuente publicidad en el registro a cargo del Colegio de Notarios de Québec.

Por mi parte, nos parece interesante hacer una incursión en la República de México en la que el notario Francisco S. Arias González, coordinador de la VIII Jornada Notarial Iberoamericana celebrada en Veracruz, México, en 1998, tuvo la visión suficiente para incorporar al temario el tratamiento de este derecho cuando aún carecía de nombre.

Legislación en México

En este país la legislación avanzó en primer término en el ámbito del derecho civil: a) en el capítulo regulatorio de la tutela, además de las testamentaria, legítima y dativa, reconoce la validez de la prevista por el disponente en su propio beneficio, b) en el capítulo regulatorio del mandato prevé una excepción a su conclusión por la incapacidad del disponente.

Tal vez ello sea consecuencia del encuentro narrado y de la activa participación en él de los notarios mexicanos, entre los que recuerdo puntualmente a José Antonio Márquez González a quien he tenido el gusto de recibir en nuestra Ciudad y a Francisco Fernández Cueto, notario en el Distrito Federal, coordinador del tema por su país.

México es una nación federal en la que los estados libres y soberanos se han reservado, como poder no delegado al gobierno nacional, la facultad de dictar sus propios códigos de fondo, en este caso el Código Civil, por lo que conviven y colisionan en el ámbito jurídico los códigos locales.

Designación del propio curador

Pionero fue el Estado de Morelos que en 1994 había incorporado la “tutela preventiva”.

Coahuila incorporó la “tutela autodesignada” a su Código Civil en octubre de 1999, Guanajuato, Baja California Sur y Zacatecas lo hicieron en 2008, los Estados de México e Hidalgo hicieron lo propio con la “tutela voluntaria” en 2002 y 2007, el Código Civil para el Distrito Federal incorporó la “tutela cautelar” en 2007.

Es común a estas previsiones: a) el reconocimiento del derecho de las personas capaces a designar tutor para el caso de su incapacidad y sustitutos, b) la existencia de tal designación excluye el desempeño de las personas enumeradas por la ley y la elección por el Juez, c) el establecimiento de la forma escrituraria y, en algunos estados, además, la manifestación ante el Juez de familia, d) en cuanto al contenido, la designación puede estar acompañada de instrucciones en cuanto al cuidado de la persona, incluidas disposiciones de salud, y la administración de sus bienes. Estas instrucciones son obligatorias en los Estados de Baja California Sur, Zacatecas y Distrito Federal. e) se reconoce el carácter revocable del acto aunque, erróneamente a nuestro criterio, se exige igual forma que para la designación, lo que no ocurre para la revocación del mandato preventivo en el Distrito Federal, f) no existe exigencia con respecto a la presencia de testigos.

El Estado de Hidalgo prevé expresamente la intervención judicial para los actos dispositivos.

El Código Civil para el Distrito Federal obliga al notario a agregar un “certificado médico expedido por perito en materia de psiquiatría en el que se haga constar que el otorgante se encuentra en pleno goce de sus facultades mentales y en plena capacidad de autogobernarse”. El notario del Distrito Federal Eduardo García Villegas aboga por su supresión y fundamenta su oposición en que “...el requisito del certificado médico expedido por el perito en materia de psiquiatría no exige en otros actos celebrados bajo la fe del notario público”.

Mandato preventivo

Nuevamente el Estado de Coahuila fue el primero en México que reguló en su Código Civil este mandato y desconocemos si el proyecto de reforma presentado en Zapatecas en igual sentido en junio de 2008 ha tenido sanción legislativa. En esta iniciativa se prevé expresamente, entre las facultades del mandatario, no como obligación, la de tomar decisiones sobre “el tratamiento médico y cuidado de la salud del mandante”.

Voluntad Anticipada

Recién en enero de 2008 se sanciona la primera Ley de Voluntad Anticipada por la asamblea legislativa en el Distrito Federal cuyo objetivo es “establecer y regular las normas, requisitos y formas de realización de la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio, respecto de la negativa a someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona, cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural”.

En abril y septiembre de 2009 el Estado de Aguascalientes y el Estado de Michoacán de Ocampo dictaron sendas leyes de voluntad anticipada con igual propósito que la primera.

Respecto de estas tres leyes hemos de advertir sobre su redacción confusa, no obstante la inclusión de un glosario en cada una de ellas, lo que no contribuye al buen cumplimiento de su objetivo.

Sin embargo queda claro que el documento resultará aplicable en personas enfermas en etapa terminal y en materia de “ortotanasia”. Desconocemos si existe legislación en otro país que utilice este término aprobado en 1993 por la “Conferencia Episcopal Española” para distinguir la muerte “a su tiempo” de la eutanasia como conducta dirigida al “acortamiento intencional de la vida”.

Análisis de la legislación mexicana

Si bien hay carencia legislativa en muchos estados y la existente es parcial e insuficiente, en México hay conciencia de las nuevas necesidades que vive la comunidad y en la atención a ellas es destacable la sensibilidad del cuerpo notarial.

Hay una cuestión en esta materia sobre la que hemos omitido deliberadamente nuestra opinión, pero que cuya resolución siempre ha estado en nuestro pensamiento: la revocación de la voluntad manifestada. Su reconocimiento fue expreso en las “IV Jornadas de Reingeniería en Salud Mental y II Jornadas de Salud Mental y Derecho” celebradas en nuestra Ciudad en noviembre de 2008 y expuesta como un dato aportado por la realidad por la notaria argentina Maritel Mariela Brandi Taiana “... una persona siendo capaz otorga sus disposiciones ... para el caso en que devenga incapaz entre las que manifiesta su voluntad respecto de las medidas sanitarias que desea recibir en un futuro estableciendo, por ejemplo, que no quiere verse sometida a un encarnizamiento terapéutico ... deviene incapaz y contrae cáncer ... en estas circunstancias” ... su guardador “entrega al médico oncólogo” su disposición sanitaria ... “ durante el tratamiento ... el propio enfermo le pide que tome todas la medidas que considere convenientes a fin de prolongar su vida bajo cualquier condición, aún sometiéndolo a tratamientos cruentos” ... quien “se persuade que, desde su demencia por ejemplo, el enfermo comprende su estado de salud y la manifestación de su voluntad es sincera y coherente”.

Tal vez ese problema al que no le encontramos la solución adecuada fue el disparador de una investigación que por su trascendencia aún continúa respecto de “la capacidad legal y la incapacidad natural como posibilidad de entender y querer” .

Conclusión:

Cada una de las previsiones legislativas anotadas y comentadas, así como las muchas que hemos omitido, son metas importantes, alentadoras, alcanzadas en el deambular hacia la meta última, cual es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, única dueña, autora de su destino.

A su vez, en lo personal, me enorgullece el desempeño valiente que ha observado el notariado, pionero en auscultar esta nueva necesidad de la comunidad y consagrar su ministerio a la búsqueda de respuestas.

Hemos sabido entender y asumir “que no hablar de ciertos temas no conjura su existencia”. Hemos sabido responder con responsabilidad a la convocatoria del colega español Juan José Rivas Martínez :“Debemos dar respuesta a las inquietudes y deseos lícitos de quienes reclaman nuestra intervención; rehuirla es un gesto de cobardía que la historia no nos perdonará”

Concluyo este comentario con las palabras siempre vigente de Juan Pico de la Mirándola “no te di Adán, ni un puesto determinado ni un aspecto propio ni función alguna que te fuera peculiar, con el fin de que aquel puesto, aquel aspecto, aquella función por lo que te decidieras, los obtengas y conserves según tu deseo y designio. La naturaleza limitada de los otros se haya determinada por las leyes que yo he dictado. La tuya, tú mismo la determinarás sin estar limitado por barrera ninguna, por tu propia voluntad en cuyas manos te he confiado. Te puse en el centro del mundo con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que en él existe. No te hice ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, con el fin de que, casi libre y soberano artífice de ti mismo, te plasmaras y te esculpieras en la forma que te hubieras elegido. Podrás degenerar hacia las cosas inferiores que son los brutos; podrás, de acuerdo con la decisión de tu voluntad, regenerarte hasta las cosas superiores que son divinas”.

Nelly Alicia Taiana de Brandi

Septiembre 2010

 

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